Presidencia y Doble Nacionalidad – Más Respuestas

marzo 24, 2011

El contra-argumento principal de Ronald es que la exclusión de los dobles nacionales de la Presidencia no se justifica en el hecho de que sean personas dignas de desconfianza sino en que la segunda nacionalidad les permite evadir la justicia peruana en caso de delito.

Me avocaré principalmente a esta argumentación y haré uno o dos comentarios adicionales.

Sobre el argumento de la impunidad que esboza Ronald, me parece que injustamente discrimina a los doble nacionales por una situación en donde su segunda nacionalidad no es un factor determinante. En efecto, un peruano de nacimiento sin doble nacionalidad puede tranquilamente irse del país a otro Estado que no tenga un tratado de extradición o que tenga políticas afines a su ex gobierno y también sería bien fácil escudarse de la política peruana. ¿O acaso creemos que Chávez extraditaría a Humala en caso que haya algún problema después? A este respecto, el caso de Hisene Habré es paradigmático y haría bien que todos lo revisemos.

Así pues, pensar que únicamente la nacionalidad es una herramienta de impunidad es ilusorio, sin mencionar que el único caso que hemos tenido en la historia reciente de un Presidente que pretendió usar su doble nacionalidad como una excusa para evitar ser juzgado terminó con ese presidente preso por 25 años.

Ni Pinochet, ni Habré, ni Karadzic, ni Eichman necesitaron de doble nacionalidad para eludir a la justicia por muchos años. Incluso, no se necesita ser Presidente para obtener eludir a la justicia (siquiera temporalmente), el caso del Ministro de Relaciones Exteriores del Congo Abdoulaye Yerodia ante la CIJ, lo demuestra.

Pero tengo algunos otros comentarios a Ronald.

En primer lugar, con respecto al argumento de que el Presidente es muy poderoso para tener doble nacionalidad, me parece muy injusta la línea de argumentación que hace según la cual “hay que darles representación congresal a los peruanos en el extranjero y escojamos congresistas con doble nacionalidad, pero sólo porque en realidad es un derecho pintado que no tiene ninguna efectividad porque su poder se diluye entre 130”. ¿Es esa realmente la clase de democracia que queremos ser? En teoría, podría haber un Congreso en donde una minoría significativa tenga una segunda nacionalidad. Si somos consecuentes con lo que pregonamos y somos democráticos, no deberíamos tener problemas con ese Congreso. Y eso implica no pensar que porque hay (por ejemplo) 30% de congresistas con doble nacionalidad, hay un “lobby extranjero” en el Congreso.

En cuanto a los Ministros, el problema no es tanto el nivel de independencia de su cargo, que creo es el punto de Ronald, sino que son los responsables de fijar la política del país con respecto a un tema en particular. Pareciese como si estuviésemos hablando del Presidente en términos de un super-humano todopoderoso que todo lo sabe y todo lo hace solo encerrado en su oficina con un puro en la mano y un mapa del Perú en su mesa. Siento decepcionar a mi semi-británico co-autor, pero el único que encaja en ese perfil es Churchill.

La política de un país no se redacta en el block de notas del Presidente. Se hace en gabinete con el consejo y asesoría de sus Ministros, asesores, y otros funcionarios. Es evidente que un Presidente está (o bueno, debería estar) en condiciones de aclarar a un Ministro de Relaciones Exteriores que le propone regalar una parte del territorio nacional. Pero hay asuntos mucho más técnicos en donde el Presidente confía en gran medida en el juicio de su ministro (¡es, después de todo, un cargo de confianza!). Si tener doble nacionalidad lo hace a uno “poco confiable”, pues el consejo de ese Ministro será también poco confiable, por lo que no debería estar en el cargo. Y ojo que un Ministro que daña al país o incluso roba sus bienes y tiene doble nacionalidad también puede irse después a refugiarse a Japón o Estados Unidos si así lo desea, ¿por qué entonces la diferenciación?.

Finalmente, con respecto al argumento de que no existe una violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, creo que no logré transmitir la idea correctamente. La discriminación que planteo podría ocurrir no es hacia la nacionalidad extranjera, sino hacia la nacionalidad peruana. Me explico: Restringir la presidencia a los peruanos de nacimiento no es una discriminación en contra de los extranjeros, eso, como dice Ronald, calza perfectamente como una restricción razonable en el marco del pacto (al igual que el hecho de reservar la presidencia a los peruanos “de nacimiento”, aunque incluso esto es relativo: ¿es más “confiable” como presidente alguien que nació en Perú y se fue a los 2 años a vivir a Europa por 35 años o un europeo que llegó al Perú a los 2 años y se hizo luego peruano y vivió acá 35 años?).

El problema es otro: el problema es prohibir a un peruano ser elegido porque tiene una doble nacionalidad. Es decir, el problema es distinguir entre peruanos por el hecho de que uno es “peruano-peruano” y otro es “peruano más o menos”. Tal como lo señala el artículo 2 del Pacto, eso es indebido porque es como distinguir entre un “peruano-blanco” y un “peruano-negro”.

Hay en efecto distinciones razonables que pueden hacerse. Mi punto es simplemente que esta en particular no me parece razonable y más bien me parece que discrimina a los peruanos en sus derechos por un motivo de identidad personal.


La Presidencia y la doble nacionalidad

marzo 23, 2011

Mi co-autor en este blog, Alonso Gurmendi, publicó ayer un artículo sobre la doble nacionalidad en los candidatos a la Presidencia de la República. En dicho artículo, señalo que hoy por hoy es totalmente legal que nuestro Presidente tenga doble nacionalidad y que un peruano no pierde su nacionalidad por el sólo hecho de adquirir la de otro país. En ambos puntos, Alonso tiene toda la razón y me suscribo a todas sus conclusiones.

Es en el tercer punto, sin embargo, donde tengo que discrepar con él. Alonso es de la opinión de que no solamente no resulta razonable impedir que las personas que mantienen una nacionalidad adicional a la Peruana postulen a la Presidencia de la República, sino que además, imponer esa prohibición implicaría una violación de los derechos políticos de dichas personas y un incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

Primero, debo aclarar que, desde mi punto de vista, aprobar una enmienda constitucional indicando que cualquier ciudadano peruano que ostente otra nacionalidad adicional a la peruana al momento de resultar elegido Presidente de la República deberá hacer efectiva su renuncia a esta antes de prestar juramento, no implicaría ninguna violación de los derechos de dicho ciudadano, ni un incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como Alonso menciona.

Los derechos civiles y políticos son universales a todo ciudadano, sin duda. Sin embargo, esta universalidad no implica que los mismos no estén sujetos a ciertas regulaciones. El punto está en que dichas regulaciones no impidan totalmente la capacidad del sujeto de ejercer las mismas y que sea razonablemente posible para el voluntariamente cumplir con las mismas.

Es perfectamente posible para cualquier persona completar los trámites de la renuncia a su segunda nacionalidad antes de acceder al despacho presidencial. Nótese que renunciar a una nacionalidad en este supuesto sería un acto voluntario. No existiría coerción de ningún tipo. El requisito ni siquiera se estaría aplicando para todos los candidatos, únicamente para aquel que resulte electo.

Tampoco implicaría una violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Recordemos que nuestra constitución ya establece que sólo los peruanos de nacimiento pueden postular a la Presidencia de la República. También señala que sólo pueden postular a la Presidencia de la República aquellas personas que ya hayan cumplido 35 años. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos. Bajo la lógica de Alonso, ¿Eso constituiría una violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pues resultaría en discriminación por origen nacional o por nacimiento? ¿Convierte a los ciudadanos naturalizados o menores de 35 años en ciudadanos de segunda categoría? Por supuesto que no. Como el mismo artículo 25 del Pacto implícitamente señala, existen ciertas restricciones regulatorias naturales a estos derechos. Tanto el Perú como Estados Unidos han ratificado el Pacto y sin embargo nunca nadie ha señalado que la disposición que prohíbe a los ciudadanos naturalizados o menores de 35 años postular a la Presidencia viole dicho Pacto.

Ahora, para culminar con los aspectos legales de esta medida, tengo que aclarar que, en mi opinión, dicha restricción debería ser necesariamente incorporada a la Constitución por enmienda constitucional y, de preferencia, referéndum. Fuimos los peruanos con nuestros votos los que, directamente, fijamos cuáles eran los requisitos para que alguien pudiera asumir la jefatura de nuestro Estado. Si queremos variar esos requisitos, los mismos peruanos somos quienes debemos hacerlo.

Dejando clara mi posición sobre la legalidad de una reforma de ese tipo, queda discutir las objeciones prácticas presentadas por Alonso a la misma.

En primer lugar, hay que indicar que en un país presidencialista como el Perú, la jefatura de estado involucra ciertas atribuciones de importancia estratégica y tiene una influencia tan grande, que no es poco razonable exigir que su ocupante cumpla con requisitos más exigentes que los fijados para otros funcionarios del gobierno. Para empezar, decide, legalmente por sí sólo, la política económica y social de la nación. Además, es la cabeza de las fuerzas armadas y responsable máximo por la defensa nacional: toda la seguridad de la nación está bajo su exclusiva responsabilidad. Ningún otro funcionario electo puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas. Más allá de eso, constitucionalmente, encarna y representa al Estado y a todos los peruanos. Ninguna otra función pública tiene estas atribuciones.

Alonso trata de hacer una comparación con los cargos de congresista y de ministro, pero dicha comparación no es realista. Un congresista, para empezar, no puede, por sí solo, orientar la política de un país ni tomar ninguna decisión que influya en el accionar del Estado. El poder de un solo congresista, aislado del resto del cuerpo legislativo es, en realidad, bastante limitado. Quien tiene poder es el Congreso como cuerpo legislativo, y ese poder se diluye muchísimo si queremos expresarlo individualmente entre sus – a partir de julio – 130 miembros. Los ministros, por otro lado, ni siquiera son funcionarios electos y no ejercen ninguna atribución por sí mismos. Como bien apuntó el ex Presidente Toledo el fin de semana, nosotros tenemos un sistema presidencialista, donde los Ministros legalmente son más que nada grandes coordinadores, cuyo poder emana de la Presidencia y cuya responsabilidad es ante la Presidencia y nada más. Un Ministro es simplemente un secretario muy importante. En realidad, instituciones políticas como la interpelación a cargo del Congreso no son compatibles con nuestro sistema y existen más por una cuestión de desconfianza pública que por coherencia sistémica. La responsabilidad ante el pueblo (y por ende ante el Congreso) debería ser exclusiva del Presidente.

Es en ese mismo contexto de desconfianza pública en que resulta completamente razonable solicitar a cualquier ciudadano que haya sido elegido Presidente de la República que renuncie a sus otras nacionalidades antes de asumir el cargo. La experiencia nos enseña en este país que tener doble nacionalidad puede otorgarle al presidente una conveniente cláusula de escape cuando llegue el control posterior que es natural en todo cambio de gobierno. Existe un claro riesgo de que dicha persona pueda refugiarse en una protección política de su otro Estado para evitar responder a los cuestionamientos que el gobierno quiera hacerle.

No solamente eso, implica que este podría potencialmente ser elegido a un puesto en el gobierno de otro país en el futuro, obteniendo ya no sólo una protección política, sino legal, a través de la inmunidad, a cualquier intento de procesarlo o siquiera investigarlo apropiadamente por lo acontecido en su gobierno.

La solución que Alonso propone a este problema es, para ser franco, algo cachosa. Ya pues Alonso, tu sabes tan bien como cualquier persona que es sencillamente imposible para cualquier votante común tener la plena certeza de que su candidato nunca va a romper la ley. Pretender que es el pueblo mismo el que debe asumir toda la culpa y toda la responsabilidad por elegir a una persona que luego viole las leyes mientras este en el cargo no solamente es injusto, es irracional. El que elijamos a las personas que consideremos más adeptas no significa estirarles un cheque en blanco de confianza para que hagan lo que quieran sin tener que responder por ello. Todo gobernante debe estar sujeto a leyes y al control de las mismas – de eso se trata el Estado de Derecho. Con ese argumento, mejor cerramos la contraloría general de la república o anulamos el rol fiscalizador del Congreso. Eso es reducir la democracia a la mera elección de un Dictador.

El poder corrompe. Es una realidad política en cualquier país. Y es palpablemente más grave en el nuestro: recordemos que en la única área del desarrollo que Perú no ha crecido en esta década es en la lucha contra la corrupción. Seguimos teniendo un alto índice de corrupción, como lo señala Transparencia Internacional. Chile tiene un promedio más de dos veces mayor que el nuestro.

El argumento de Alonso sobre la potencial preferencia que una persona pueda mostrar hacia elementos de su propia religión, el país de sus ascendientes o su cónyuge no se entiende bien. El punto es justamente que esos escenarios son posibles. Por eso hay leyes de fiscalización y control que lo impiden. El pedir que alguien renuncie a sus otras nacionalidades antes de asumir la Presidencia tiene justamente el propósito de impedir que una persona pueda escapar de la ley en caso cometa ilegalidades relacionadas con todos estos puntos.

Respecto de que todos tenemos doble nacionalidad en potencia, eso también es sumamente cuestionable en la práctica. Es verdad que el Preámbulo del Convenio con España suena muy bonito. Pero es justamente eso: un preámbulo. Nuestro himno nacional dice que “excitemos los celos de España” y que sus playas “sentirán terror ante nuestros cañones”. ¿Eso nos hace “enemigos en potencia” de España? La realidad es muy diferente a lo que dice ese preámbulo: siguen existiendo una larga y compleja serie de requisitos para que un peruano se nacionalice español. Alonso haría bien en preguntarle a la larga lista de inmigrantes ilegales peruanos en España que tan cierto es eso de que en España “no somos extranjeros”. Demás está decir que dicho Convenio no pone en riesgo alguno la legalidad de la reforma mencionada.

Luego está el argumento de que la experiencia comparada sobre estas prohibiciones prueba que las mismas traen muchos problemas. Este es un argumento algo falaz: justamente, donde una ley de este tipo se aplique sin problemas, no va haber mayor feedback sobre la misma. Nadie se queja por algo que si funciona.

Alonso cita el ejemplo de Ghana, pero no hace mención de Australia, China, Japón, India y una considerable lista de otros países, donde esa prohibición si existe y donde, curiosamente, ningún ex presidente ha ido a refugiarse a otro país para postular al Parlamento. Y en ninguno de esos países la gente se está quejando tampoco. Y si, John Turner fue británico y canadiense a la vez, dos países que comparten el mismo jefe de estado, que mantenían una política exterior común hasta hace menos de un siglo y en los que hasta el día de hoy las leyes de uno tienen vigencia en el otro. Alonso mejor que nadie sabe que el mundo westminsteriano es un planeta diferente al Perú. No es una comparación razonable en forma alguna.

Además, no podemos dejar de ignorar que la cuestión es de una naturaleza muy contextual. La ley, por naturaleza, es reactiva. Mas que prever el futuro, aprende del pasado. Nosotros somos uno de los poquísimos países que han elegido como gobernante a alguien con doble nacionalidad. Y de los pocos países que como nosotros han optado por alguien con doble nacionalidad como gobernante, ninguno de ellos ha visto a su gobernante refugiarse en su otra nacionalidad para huir de la justicia. Es razonable que en la gran mayoría de países, entonces, no exista norma con respecto a este supuesto.

Ahora, yo entiendo perfectamente – y comparto – que Alonso defienda el derecho de cualquier peruano a sentir vínculos de identidad con otro país sin que se le acuse de antipatriota. Mi familia paterna es más británica que peruana y le tengo mucho aprecio al Reino Unido. Me el himno británico de memoria, leo el Guardian todos los días, prefiero la BBC a la CNN y tomo mi té con leche. Además, hincho por Inglaterra en los mundiales (sólo porque no va Perú, ojo) y en la Eurocopa y soy un orgulloso hincha del Liverpool que canta Youll Never Walk Alone, mientras que al futbol local peruano no le presta la menor atención. ¿Eso me hace menos peruano? Por supuesto que no. El Perú es MI país. Yo SOY peruano. Ningún país nunca significará para mí lo que el Perú significa.

También funciona a la inversa: hoy en día en el exterior hay millones de hijos de peruanos que en algunos casos ni siquiera hablan español y sin embargo sienten un enorme orgullo por sus orígenes. Muchos de ellos honran a nuestro país día a día, enarbolando nuestros colores cuando logran hazañas y profesando que, aunque son legalmente extranjeros y ante todo ciudadanos de su país, el nuestro significa mucho para ellos. Allí están el astronauta Carlos Noriega y nuestro héroe de la aviación, Jorge Chavez, por poner un par de ejemplos.

Pero ninguno de ellos tiene un pasaporte peruano. No hay necesidad de ello. Al final del día, son extranjeros. Y no necesitan un pasaporte peruano para sentir cariño e identificación con nuestro país.

Entonces, ¿por qué no puede funcionar a la inversa? Yo no tengo ningún problema en que PPK tenga aprecio y se sienta agradecido con Estados Unidos. ¿Pero acaso necesita un pasaporte para ello?

Por supuesto que no. El, al igual que los otros miles de peruanos con nacionalidad alternativa, tiene un pasaporte extra por pura y simple conveniencia. Porque le otorga un refugio más estable que el Perú en caso de algún problema serio y porque les evita el engorro de tener que tramitar visas para estudiar o hacer turismo. Es así de simple. Y no está mal, en absoluto. Pero para el caso en mención, seamos francos, después de salir elegido presidente de un país, ¿realmente cree alguien que una persona va a tener problemas para sacar visa?

Estamos pidiendo poco para ganar mucho. Negarse a ello, con justicia, solo generaría suspicacia, como dice Alejandro Toledo. En ese sentido, es un alivio que mi candidato, PPK, esté de acuerdo con ello.


Doble Nacionalidad y Presidencia: Preguntas y Respuestas

marzo 20, 2011

La postulación de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República ha generado gran debate sobre si una persona con doble nacionalidad puede postular a la Presidencia. A continuación me permito ofrecer algunas preguntas y respuestas para esclarecer la situación, al menos según mi parecer.

(En toda transparencia, advierto previamente que yo también soy un peruano con dos nacionalidades).

1. ¿Es legal que una persona con doble nacionalidad sea Presidente del Perú?

La respuesta es a esta pregunta es, en realidad, bastante simple: El artículo 110 de la Constitución es sumamente claro en señalar que para ser Presidente se requiere “ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”.

La redacción es similar a la que existe para el cargo de Congresista, en donde nunca hemos hecho problemas para elegir personas con doble nacionalidad, siendo el caso más conocido el ex Senador peruano-italiano Rafael Canevaro, protagonista del famoso Asunto Canevaro ante la Corte Permanente de Arbitraje Internacional.

En resumen, sí, es legal que una persona con doble nacionalidad sea Presidente del Perú.

2. ¿Pierde un peruano su nacionalidad cuando asume la nacionalidad de otro Estado?

La Ley de Nacionalidad, Ley 26574, establece en su artículo 7 que “la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana”. Asimismo, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de dicha Ley, Decreto Supremo 004-97-IN, “los peruanos de nacimiento que adopten la nacionalidad de otro país no pierden su nacionalidad, salvo que hagan renuncia expresa de ella ante autoridad competente” (es decir, la Dirección de Naturalización de la Dirección General de Migraciones y Naturalización – DIGEMIN). Asimismo, el Reglamento dispone que “las personas que gozan de doble nacionalidad, ejercen los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian” y que “los peruanos por nacimiento que gozan de doble nacionalidad no pierden los derechos privativos que le concede la Constitución” (entre ellos, obviamente, el de ser elegido Presidente).

Existe, sin embargo, preocupación de algunos sectores por los juramentos que a veces debe realizar un peruano con doble nacionalidad para obtener la nacionalidad extranjera, como es el caso de la estadounidense, en donde la persona debe renunciar a todo vínculo con previos Estados. Sin embargo, una norma extranjera (que en el caso de Estados Unidos ni siquiera tiene rango de ley, sino que es un reglamento administrativo) no puede tener prevalencia por sobre la ley peruana. Hacerlo, sería someter los designios del pueblo peruano a la voluntad de una potencia extranjera. Hay muchas disposiciones de la ley extranjera que pretenden avocarse competencias en nuestro territorio que simplemente no reconocemos. De acuerdo con el artículo 2058 del Código Civil, nadie más que un Juez peruano puede decidir sobre derechos reales sobre predios ubicados en la República. Por ende, un juez extranjero aplicando ley extranjera puede haber querido decidir que tal o cual inmueble es de propiedad de tal o cual persona cuantas veces quiera, pero dicha determinación legal no podrá ni tendrá efectos legales en nuestro país, por el simple hecho de que no lo reconocemos como válido.

Pero en el caso particular de Estados Unidos, una cosa que salta a la vista es que el Juramento de Lealtad es básicamente un anacronismo que nunca ha sido ejecutado; es decir, Estados Unidos nunca ha requerido que un ciudadano estadounidense con doble nacionalidad lleve a cabo un procedimiento en su país de origen para renunciar a su nacionalidad por nacimiento. Es más, la Embajada de Estados Unidos en Lima no ha requerido a Pedro Pablo Kuzcynski que cese su campaña política en el Perú en virtud a su juramento y tampoco lo hizo cuando “PPK” fue Primer Ministro peruano.

3. ¿Sería correcto prohibir la participación de los candidatos con doble nacionalidad en las elecciones?

Como ya hemos visto, es perfectamente legal que un peruano de nacimiento con doble nacionalidad participe (y gane) en las elecciones presidenciales. Es más, a nivel comparado, existen casos como el canadiense, que ya ha tenido un Primer Ministro con doble nacionalidad, el canadiense-británico John Turner.

Sin embargo, hay quienes señalan –entre ellos las autoridades electorales- que ello debe cambiar y que los presidentes del Perú no deberían poder tener una segunda nacionalidad.

Uno de los argumentos es que una persona con doble nacionalidad puede tener un conflicto de lealtades hacia el Perú, favoreciendo los intereses de su “segunda patria”. Pero eso contrasta marcadamente con la reciente iniciativa de darle representación en el Congreso a los peruanos residentes en el extranjero. Si un peruano con doble nacionalidad es alguien en quien no se puede confiar porque será favorable a los extranjeros, ¿por qué dejamos votar a muchas de estas personas para elegir miembros del Congreso? Si el argumento fuese correcto, seguro elegirían candidatos y promoverían políticas que favorezcan a otros países, no al Perú.

Pero tal vez más importante, restringir derechos a los peruanos con doble nacionalidad podría ser una violación de sus derechos, pues serían ciudadanos “de segundo nivel”. En efecto, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala en sus artículos 2 y 25 que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción basada en “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, orígen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” del derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos” y del derecho a “votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. Ello quiere decir que si los peruanos desean elegir a un conciudadano que además tiene la nacionalidad de otro Estado, este candidato no debería ser discriminado en su derecho a ser elegido sólo por tener esta otra nacionalidad. De esto puede inferirse que el criterio a tener en cuenta es la de la libre expresión de la voluntad de los electores, no el de hacer renunciar a la persona a su segunda nacionalidad.

Como alguien que tiene actualmente una segunda nacionalidad, puedo afirmar que considerar que un peruano con doble nacionalidad es menos patriota o menos comprometido con su país que un peruano con una sola nacionalidad es infundado y no creo que genere un conflicto de intereses. Desde el momento en que una persona con doble nacionalidad se lanza a la presidencia del Perú y no a la presidencia de su segunda nacionalidad, está demostrando que es el Perú el país por el cual quiere trabajar y ayudar.

Esto claro, no significa que un doble nacional no tenga afecto por su segunda nacionalidad (y ojo que ni siquiera se tiene que ser nacional de un Estado para encariñarse con él: ¡lo vemos cada cuatro años en los mundiales!). Sea por motivos familiares (como es mi caso) o motivos de residencia prolongada, uno se encariña por la otra tierra y siente orgullo por su historia y alegría por sus logros: La segunda nacionalidad es parte de la personalidad del “nacional doble” y en buena parte hace que sea quien es. Pero eso no quiere decir que una vez electo el doble nacional vaya a privilegiar los intereses de otro país por sobre el país que lo ha elegido. Es simplemente un tema de honradez, seriedad y profesionalismo. Si una persona se lanza a la presidencia de un país, es porque sabe que debe hacerlo con fidelidad y lealtad, sin importar qué otras afiliaciones pueda tener en su vida (¡no sólo la afiliación nacional!). Y si el electorado no cree que las cosas vayan a ser así, simplemente no debería votar por ese candidato, pero la doble nacionalidad no es motivo para vetarlo de las elecciones. Es nada más y nada menos que una cuestión de voluntad popular.

Lo anterior se ve reflejado en la práctica: los Estados que tienen bajo su jurisdicción a personas con más de una nacionalidad, no los consideran “enemigos” ni “dignos de poca confianza”. Simplemente se estima que existe una nacionalidad efectiva y una no efectiva. En el Perú, por ejemplo, el Reglamento de la Ley de Nacionalidad señala que “las personas que gozan de doble nacionalidad, ejercen los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian”.

De lo contrario, prohibamos a los de fe católica ser presidente porque darán favoritismos a la Iglesia Católica y/o al Estado Vaticano, a los de fe judía porque darán preferencia a Israel, a los que tengan ascendencia japonesa porque darán preferencia a los japoneses o a los que estén casados con belgas porque privilegiarán a ese Estado, o tal vez deberíamos prohibir también que los Congresistas y Ministros tengan doble nacionalidad (¡Canciller y Defensa por lo menos!), y los alcaldes y presidentes regionales (¡que ya hay algunos!), embajadores y cónsules, asesores presidenciales, jueces de la Corte Suprema, etc.

Es más, la cosa se pone incluso más complicada si tenemos en cuenta que todo peruano es un español en potencia gracias a la existencia de un Convenio de doble nacionalidad con ese país. A tal punto que el preámbulo del tratado señala que “los españoles y los peruanos forman parte de una comunidad caracterizada por la identidad de tradiciones cultura y lengua” que hace que “de hecho, los españoles en el Perú y los peruanos en España no se sientan extranjeros” señalando finalmente que “no hay ninguna objeción para que una persona pueda tener dos nacionalidades, a condición de que sólo una de ellas tenga plena eficacia, origine la dependencia política e indique la legislación a la que está sujeta” ¡Los propios peruanos no deberíamos ser presidentes del Perú porque no nos sentimos extranjeros con los españoles!

En la experiencia comparada, el camino de prohibir a los de doble nacionalidad servir en el Estado es uno complicado y lleno de críticas, que puede incluso degenerar en leyes como la increíblemente confusa nueva reforma constitucional egipcia post-Mubarak: El Presidente debe ser egipcio, no debe estar casado con una persona extranjera y sus padres deben ser egipcios que no tengan doble nacionalidad.

Francamente, si el miedo es que los Presidentes con doble nacionalidad puedan usar su nacionalidad para escudarse de la justicia peruana luego de sus mandatos, la solución no está en discriminar a la gente con doble nacionalidad, ¡sino está en votar por candidatos que no cometan delitos que procesar durante su gestión!

Alonso Gurmendi

 


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