En la esquina nos bajamos

abril 24, 2009

Alguna vez escuché a un amigo mío decir que Lima debería dejar de llamarse a sí misma “la ciudad de los Reyes”, y empezar a llamarse “la ciudad de las combis”. Lo que ha llegado a sorprenderme es que a una buena parte de los limeños ese tipo afirmaciones les causan gracia. Son los bohemios modernos de nuestra incipiente sociedad intelectual, que se empeña en identificar en nuestro caótico sistema de transporte urbano, un “pintoresco reflejo” de nuestra sociedad. La combi se ha convertido en ícono de nuestra cultura- un símbolo de la criollada, de la viveza, de la huachafada limeña.

Poco a poco, los bohemios de Lima se han enamorado de las combis. Les han dedicado blogs en internet, han creado mitos urbanos en torno a ellas e incentivado a los ciudadanos de a pie a sentir un falso orgullo por su “subcultura”, impulsándonos por doquier a encariñarnos con el pintoresco carácter de sus chóferes y a reconocer el valor cultural de las pregonas de los cobradores.

Y perdonen, pero, con todo respeto, es patético.

No existe nada de cultural en la absurda desorganización de nuestro sistema de transporte urbano. Lo único que existe es un caos generalizado, causado por la falta de regulación y de voluntad municipal por atender el problema.

Para empezar, no existe una apropiada regulación de rutas, y mucho menos un control efectivo de las mismas. La idea de rutas que cubran 40 o 50 kilómetros a lo largo de avenidas y calles en zonas residenciales muestra una completa falta de diligencia en el diseño del fluido de tráfico. Tenemos que echar al tacho este esquema, y diseñar rutas cortas e integradas, donde los transeúntes puedan circular en forma rápida a través de diversos trasbordos para llegar a su destino. Esto aligera el tráfico, y lo hace más fluido – en rutas más cortas, el tiempo que toma trasladarse de un punto dado a otro es más corta y por ende mas predecible, haciendo posible el sueño de millones de limeños: saber a qué hora exacta va a pasar el bendito carro. Por último, hace que el control de las unidades sea más eficiente, dado que los vehículos cubren un área menor, y tienen un menor nivel de desgaste.

Los limeños no podemos aceptar que esto sea lo mejor que puedan ofrecernos nuestras autoridades para transportarnos

Segundo, ¿Cómo podemos permitir que existan las combis? No, las combis tienen que morir. No hay alternativa, si es que queremos salvar a nuestra ciudad del apocalipsis urbano. Las combis nunca representarán una forma económicamente eficiente de transporte urbano – son demasiado pequeñas, y no pueden acomodar los suficientes pasajeros, sin cuyas tarifas no se puede financiar un sistema ordenado, para sostener los costos en mantenimiento y la operación. Evidentemente (aunque para nuestras autoridades aparentemente no es tan evidente….), en una combi no se puede ir parado – no hay suficiente altura para hacerlo de una forma segura, y tampoco hay suficiente espacio para acomodar a los pasajeros sin perturbar a los que están ya sentados. Además, la estrechez de la cabina implica riesgo para las usuarios – el poco espacio hace peligroso el bajar y subir del vehículo, especialmente para las personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas (no señores, pegar un sticker que diga asiento reservado no es suficientemente para dar atención preferente a quiénes, por ley, lo merecen). Por último, desde una perspectiva de flujo de vehículos, representan un despropósito – ¿Por qué tener cinco combis para acomodar a sesenta pasajeros, cuando puedes acomodar a los mismos sesenta en dos buses? Eso solo incrementa la cantidad de vehículos en las calles, causando mayores atoros en intersecciones, y multiplicando el tiempo de espera de las unidades en los paraderos para recoger pasajeros. Todos pierden con las combis: se tienen que ir.

Tercero, la necesidad de un sistema de transporte masivo no puede seguir siendo postergada. Que en una ciudad de semejante magnitud, las personas no tengan una alternativa de transporte rápido no tiene perdón de Dios (ni debería tenerlo de los electores). Aplaudo la iniciativa de insistir con la construcción de la Línea 1 del Tren Eléctrico, aún a pesar de que el concurso para otorgarlo en concesión haya quedado desierto. Me pregunto, sin embargo, ¿Qué pasa con las otras 6 líneas diseñadas? ¿Aguardaremos eternamente para otorgarlas en concesión? ¿Existe realmente voluntad política para ponerlas en operación? ¿O será que alguien hace cálculos políticos con un tema tan urgente como este?.

Me inclino por lo último. Ese es el gran problema de nuestra ciudad: aquí nadie quiere ser alcalde, todos quieren ser presidente. Y nadie te va a elegir presidente porque arregles el problema del transporte urbano: por ende, a patearlo a la siguiente generación. Repase la lista de alcaldes que Lima ha tenido en las últimas décadas – absolutamente todos han postulado, posteriormente, sea a la presidencia o a la vice presidencia de la República. ¿Y la Municipalidad de Lima? No es, pues, más que un trampolín político – un mero medio administrativo para alcanzar un trabajo que es, en naturaleza, completamente diferente al de un alcalde. Por ende, nuestros últimos alcaldes han priorizado siempre temas de mayor rédito político al inmediato plazo – han llenado nuestra ciudad de escaleras y lozas deportivas, han aparecido en múltiples actividades de beneficencia y otorgado cientos de amnistías a eternos deudores municipales. Y con eso pretenden meterse al bolsillo, no al vecino de hoy, sino al votante de mañana. Incluso, han tenido el descaro de hacer campaña en otras ciudades con programas municipales – no, no es que esté mal que un programa como el hospital de la solidaridad se expanda a nivel nacional, es simplemente que eso no tiene porque hacerlo la Municipalidad de Lima, ni debería el alcalde de Lima estar gastando esfuerzos en hacerse popular en otras ciudades, cuando en Lima hay suficientes problemas como para mantenerlo ocupado un buen tiempo.

El otro gran problema es nuestro fracaso en entender las verdaderas causas del problema. Muchos gastan sus energías culpando a los choferes y cobradores de micro. Que este artículo sirva para su reivindicación, que me permita salir en defensa de los trabajadores de transporte público – las personas más odiadas de nuestra ciudad. No, los choferes y cobradores no tienen la culpa de que el Estado permita la existencia de un sistema que los obliga a tener que hacer lo que sea para alcanzar una cuota al final del día, o arriesgarse a no comer. Tampoco tienen la culpa de tener que llevarse el peso de la irritación de los limeños contra el sistema, porque los responsables reales no dan la cara. Nadie identifica a los verdaderos mafiosos: los dueños de las empresas de transporte urbano. Esa sarta de abusadores que se llevan dinero fácil al bolsillo torciendo las normas, maltratando al usuario y explotando a sus empleados, ante la impasible mirada de la Municipalidad, el MTC y las autoridades en general. Los intocables empresarios de transporte, que se han aprendido todas las triquiñuelas para nunca responder por los accidentes de tránsito, y para librarse de pagar las multas (sobre ese punto, hace unas semanas expuse en el IPDD que las multas en transporte público deberían ser impuestas a la empresa de transportes y no al chófer). Ellos son los enemigos. Es a ellos a los que hay que declararles una guerra sin cuartel.

Sé que al leer este artículo surgirán los escépticos de siempre – los que digan que es muy caro o que los transportistas son demasiado poderosos. Incluso dentro del mismo IPDD, mis estimados coautores me han levantado la ceja en santa incredulidad por más de uno de estos temas. Además, siempre están los racistas que piensan que es un tema de raza (imbéciles siempre sobran). En ese caso, al menos apliquemos la Ley, al menos hagamos lo que deberíamos estar haciendo. Seamos más rígidos con los temas de rutas – si, son un desastre, pero es incluso peor cuando permitimos que no se sigan. Si vamos a llenar las calles de policías de tránsito (que es una falacia, porque jamás resolverán el problema solos), al menos démosles los poderes suficientes como para que puedan sancionar a quienes incumplen las normas más básicas, como el quedarse por cinco o seis minutos en un solo paradero. O mejor aún: saquemos a los policías de tránsito de los micros, vistámoslos de civil, y trepémoslos a los micros – que sigan la ruta de incógnita, detecten las infracciones que se cometan, y pongan las multas del caso. Sería mucho más eficiente que hacer sonar silbatos inútilmente en los paraderos. Pongámonos fuertes y expliquemos de una vez que toda esquina no es paradero. En fin, hay tanto que se puede hacer, que o no cuesta nada o cuesta muy poco.

Pero no nos conformemos con eso. Dejemos de ser esclavos de nuestros prejuicios. Se puede tener algo mejor – algo mucho mejor. Santiago lo tiene, Bogotá lo tiene… hasta Quito lo tiene. No hay que ser una potencia económica para tener un sistema de transporte decente. Es cuestión de negarse a aceptar lo inaceptable – de mirar a la cara a todos esos mafiosos del negocio del transporte, a todos los hampones del sistema y a los especuladores presidenciales de la Municipalidad y decirles de frente que ya estuvo bueno, que la ciudad ya ha tomado su decisión, y que en la esquina, todos nos bajamos.

Escrito por Ronald Cross


Quechua

abril 24, 2009

quechuahablanteEl diario Correo publicó hace poco un artículo mediante el cual pretende usar las limitaciones lingüisticas de la Congresista Supa para redactar en español como excusa para su diatriba sobre la poca preparación académica de nuestros congresistas y la necesidad de establecer requisitos más exigentes para votantes y candidatos.

Es evidente que un artículo de esta calaña, que ridiculiza a una persona y se aprovecha de su condición de quechuahablante (que equipara increíblemente a la de “persona inculta”) para enviar un mensaje social, no merece mayores comentarios; me parece simplemente deplorable y mezquino. Honestamente, no tengo más que decir que me gustaría ver al personal de Correo sentado en una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado de EE.UU. tomando notas en inglés a ver qué tal les queda la ortografía; o peor aún, ¡en quechua! 

Y es que al final ese es el problema de fondo: nuestro país no permite una verdadera participación del quechuahablante en la sociedad. ¿Qué tiene que ver la ortografía de una persona que usa el español como segunda lengua con la calidad del Congreso? ¡Por favor! ¡Para eso hay otros indicadores! ¡¿Realmente somos tan incapaces de ver el problema real?! La verdadera noticia aquí son las terribles condiciones a las que el legislador hispanohablante ha relegado al quechua. ¡¿Cómo puede ser posible que en un país con 188 años de historia republicana y 4.4 millones de quechuahablantes, el Congreso recién tenga traductores simultáneos español-quechua desde hace 3 años?! ¡¿Cómo puede ser posible que en 2006 dos congresistas se hayan molestado porque dos legisladoras decidieron jurar en su propio idioma?! ¿¡Cómo puede ser posible que el Estado sólo emita documentación en español?! No sólo las páginas web de los ministerios no tienen versión en quechua, sino que una de las pocas que sí tiene -la del Congreso- no permite ver proyectos de ley ni actas de comisiones en quechua (¿para qué me sirve la página del Congreso si no es para ver los proyectos de ley o los dictámenes de las Comisiones?).

Muchos dirán que la realidad del quechuahablante peruano no amerita traducir todos los documentos del Estado al quechua… Sin embargo ese es precísamente el problema. El Estado necesita iniciar una campaña agresiva de promoción del quechua. No podemos tolerar una situación en donde 4.4 millones de peruanos no tienen acceso a la información vital del gobierno porque no la pueden leer. No podemos tolerar una situación en donde el quechua se aprende únicamente en las casas y no en los colegios.

La participación activa del quechua en la sociedad peruana es vital. No sólo para integrar al quechuahablante a la realidad capitalina, ¡sino para integrar a la propia Lima y las demás ciudades a la realidad quechua! La situación actual, en donde el Estado deja fuera de la información al quechuahablante es deprimente… Sin ir muy lejos, en Paraguay el 88% de la población habla guaraní (sea como primera o segunda lengua). Es más, hay más gente que habla guaraní que español. ¡Esa es una política envidiable!

Las complicaciones logísticas no pueden ser una excusa para excluir a tantos peruanos de sus derechos. Personalmente creo que la Constitución comete un terrible error al relegar al quechua a la categoría de lengua oficial “a medias” (es decir, sólo en los lugares donde es predominante). El quechua debería ser de enseñanza obligatoria en todos los colegios estatales del país. Debería promoverse la enseñanza del quechua en institutos de idiomas. No es que exista un idioma más oficial que el otro. Todo peruano debería poder aprender el idioma y estar en condiciones, si así lo desea, de leer textos tanto en español como en quechua. El Perú es un país bilingüe ¡Esa es la verdadera realidad del país! 

En fin, espero perdonen la poca ortodoxia de esta entrada, que más que artículo es mi propia diatriba sobre el tema, pero sí creo que unos breves pero enérgicos comentarios eran necesarios.

Alonso Gurmendi


España v. Bush

abril 17, 2009

Hace ya unas semanas, en España se iniciaron investigaciones tendientes a comprobar si es que seis ex asesores de la era Bush podían ser demandados en ese país por delitos de lesa humanidad al haber sido autores de un régimen legal que permitía la tortura de personas en violación de las Convenciones de Ginebra, la Convención contra la Tortura y la Ley Penal española (puede verse la solicitud aqui). La investigación española se refiere a los memorandums producidos por la oficina de Alberto Gonzales, ex Fiscal General durante la era Bush. Estos memorandums, que hoy son conocidos como los torture memos, fueron documentos redactados a solicitud de la administración Bush para poder generar un régimen legal para el trato de los detenidos en la “Guerra contra el terrorismo”, que en última instancia fue lo que condujo al infame concepto de “unlawful enemy combatants” y la pretendida no aplicación de las Convenciones de Ginebra y el derecho de habeas corpus a los detenidos en Guantánamo. Dentro de sus sugerencias, por ejemplo, se establecía que de negarse el entrevistado a cooperar, en entrevistador podía, previa autorización, hacer lo siguiente:

1. Utilización de escenarios diseñados para convencer al prisionero de que la muerte o consecuencias muy dolorosas son inminentes para él y/o su familia,
2. Exposición a frío intenso o agua (en este caso con la apropiada supervisión médica)
3. Utilización de asfixia por toallas mojadas o goteo de agua para inducirle a la errónea percepción de ahogamiento
4. Violencia física como agarrones, collejas, ataques con los dedos y pequeños golpes sin que se llegue a causar lesiones

Así pues, de acuerdo con la solicitud, estos memorándums forman parte de un “plan o política” de tortura de personas, castigable por la justicia española. Para esto, basa la jurisdicción española en el concepto de jurisdicción universal (es decir que los 6 acusados son hostis humani generis “enemigos de toda la humanidad”) y más aún en el hecho de que 5 de los torturados son nacionales españoles.

Asimismo, se les acusa de ser autores mediatos de las torturas de Gtmo, puesto que:

“Sin la labor jurídica de los querellados, habría sido imposible haber llegado a materializar una política de ‘guerra contra el terrorismo’ sin precedentes y sin obstáculos legales en la aplicación sistemática de la tortura que se llevó a cabo en la base de GTMO”.

Sin emgargo, recientemente el Fiscal General español, Cándido Conde-Pumpido, ha declarado que “Si se actúa por un delito en principio de maltrato a los prisioneros de guerra que se podría haber cometido en Guantánamo, esa denuncia debería ir contra los autores materiales y no contra los asesores o las decisiones ejecutivas de la Administración norteamericana”, decidiendo responder negativamente a la consulta que le fuera efectuada por el Juez Garzón, quien se encuentra a cargo de las investigaciones. Según Conde-Pumpido, aceptar la demanda implicaría convertir a la Audiencia Nacional Española en un “juguete” a merced de intenciones políticas de terceras partes y que la demanda “se debe presentar primero en Estados Unidos y si se demostrase que allí se intentó presentar esa acción y no prosperó es cuando podría empezarse a pensar la posibilidad de ejercitar una acción supletoria” ante la justicia española.

Obama, sin embargo, ya ha advertido que en lo que respecta a Guantánamo, Estados Unidos va a “mirar hacia el futuro” y no iniciará investigación alguna con relación a las torturas allí cometidas.

Resta ver qué decidirá en última instancia Garzón, pero según se cree difícilmente irá en contra de una objeción tan clara como la de Conde-Pumpido.

Así pues, si bien todo parece haberse calmado, las casi-consecuencias de este caso hacen surgir diversas preguntas sobre varios temas:

1. ¿Qué va a suceder con los claros abusos a los derechos humanos perpetrados en Guantánamo y cómo afectará esto a la intención estadounidenses de relanzar su poliítica internacional para reencontrarse con el mundo? (Tal vez sería una excelente pregunta a hacerle al casi-seguro Asesor Legal del Departamento de Estado Harold H. Koh, ver por ejemplo aquí ).

2. ¿Es realmente posible encontrar culpables de tortura (por autoría mediata, valga la pena añadir, ya que el término está de moda) a seis personas que simplemente emitieron una opinión -si bien oficial- con respecto a una interpretación determinada de un tratado específico?

3. ¿Es la aplicación del concepto de jurisdicción universal por parte de Estados soberanos -y no por parte de una Corte Internacional- un mecanismo adecuado para la protección de los derechos humanos o, como dice Conde-Pumpido, puede en ciertos casos prestarse a satisfacer intereses políticos de ciertos sectores? (para más sobre este tema ver aquí para una opinión contraria y aquí para una favorable)

4. ¿Puede realmente utilizarse la jurisdicción universal como mecanismo para que los estados más poderosos se presionen el uno al otro hacia cumplir con determinadas normas internacionales? Es decir, ¿es suficiente esto para hacer cambiar las actitudes estatales de -digamos- Estados Unidos en pro de investigar los hechos en Guantanamo? Sobre este tema me parece interesante lo que dice Kevin Jon Heller al final de este post: “Spanish prosecutors are being remarkably clever by letting it be publicly known that they will step aside if the US investigates the Bush Six — Horton’s clever name for the defendants — on its own. In essence, they are forcing the US to live up to its obligations under the Torture Convention if it wants to make the case go away”. ¿Qué pesa más, una demanda contra Estados Unidos en cortes españolas por violaciones de Derechos Humanos o una notificación estadounidense al gobierno de Madrid informando que continuar con la demanda afectaría seriamente las relaciones bilaterales? Es sin duda una pregunta muy interesante.

UPDATE: El Profesor Kevin J. Heller tiene un interesante post en Opinio Juris argumentando, entre otras cosas, que si Cuba ratificase el Estatuto de Roma podría dar pie a investigaciones de la Corte Penal Internacional de las acciones de la CIA en Guantánamo (que está alquilado por EE.UU. en territorio soberano cubano) y poder así juzgar en La Haya a los oficiales que puedan haber torturado prisioneros, a pesar de la renuencia de Obama, abriendo todo un nuevo capítulo a este problema…

UPDATE 2: Stephen Walt tiene un post sobre el tema que vale la pena revisar. Lo más saltante: “At a minimum, we ought to remember this incident the next time we get upset that some other country is declining to prosecute a former leader, turning a blind eye to some other ruler’s depredations (think Robert Mugabe), or cutting a deal with some warlord or terrorist leader.  Maybe they were making pragmatic calculations too, and we holier-than-thou Americans ought to be a bit less judgmental”

Alonso Gurmendi


Un Relanzamiento de las Relaciones Hemisféricas

abril 7, 2009

Obama y Lula

A inicios de año, las relaciones entre América Latina y el Caribe con Estados Unidos tomaron un camino bastante distinto al usual: bajo el liderazgo de Brasil, los 33 países de AmLat y el Caribe se reunieron en Costa do Sauipe para conversar y consertar sus políticas en una reunión cuya lista de invitados conciente y deliberadamente excluía a Estados Unidos. El mensaje, como señala Michael Shifter, era claro: América Latina ya no es más el patio trasero de Washington.

Del otro lado del espectro, Barak Obama ha prometido un cambio de política con América Latina y aunque en un commienzo se mostró cauteloso, recientemente hemos sido testigos de un impulso por mejorar las relaciones hemisféricas. Para empezar, el posible aligeramiento de las políticas hacia Cuba, siguiendo por la gratificante presencia de su vicepresidente, Joe Biden, en Chile hace unos días en donde tuvo palabras más que agradables, y para terminar, la reunión que hace poco sostuvieron nuestro Canciller con Hillary Clinton; las relaciones entre ambos bloques parecen estar acercándose luego de 8 años de marcado distanciamiento, en un escenario en donde Estados Unidos parece estar dispuesto a mucho con tal de mantener una presencia importante en la región.

Estando ad portas de la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, la pregunta que surge entonces es cómo balancear las ansias de independencia de América Latina con las necesidades de protagonismo de Washington. ¿Puede realmente relanzarse la relación entre ambos de manera exitosa? ¿Cómo?

Creo que la mejor forma de empezar es identificar bien dónde es que necesitamos mejorar la relación y se me ocurren los siguientes puntos:

  1. La Guerra contra las drogas. Estados Unidos debe entender que el tema de las drogas no pasa simplemente por atiborrar de armas a la región con la esperanza ingenua de que algún día dejen de existir cocaleros o narcotraficantes. La región debe plantearse la meta de ofrecer un repostulamiento de la estrategia antidrogas, partiendo del reconocimiento de que se trata de un esfuerzo doble, en donde el factor de mayor relevancia no se encuentra en la oferta, sino en la demanda.
  2. Educación. Los estados de la región, y en especial el Perú, deben procurar incrementar la cooperación bilateral en educación. Existe gran posibilidad de beneficio para que las universidades estadounidenses cooperen con las latinas. Después de todo, uno de los puntos flacos de la región es, precisamente, la calidad educativa. Una misión de Harvard o Yale en el Perú o un mayor acceso a becas para estudiantes peruanos podría ser altamente provechoso.
  3. Ayuda internacional. La gran mayoría de dinero que Estados Unidos envía a la región es en la forma de armamento para Colombia (y hasta hace no mucho El Salvador). El sistema de ayuda internacional de Washington está demasiado concentrado en los aspectos de seguridad dejando de lado lo social. Es momento de que Washington deje de ver a Latinoamérica como un problema de fácil solución y logre entender de una vez por todas los complejos problemas sociales que la región enfrenta. En lugar de destinar la ayuda a la lucha contra las drogas y la subversión, ésta debería aumentarse para el gasto social, sobretodo hoy en día que los efectos secundarios del libre comercio pueden ser tan oportunistamente aprovechados por ciertos países de la región (que gastan el doble que Estados Unidos en ayuda social) para alejar a los países del continente del camino del progreso.
  4. Cuba. Las muestras de aligeramiento de las políticas hacia Cuba son un primer paso positivo para restaurar la confianza de la región en el hegemón del norte. Sin embargo, debe hacerse más que simplemente levantar las restricciones a los viajes y remesas y cerrar la prisión de Guantánamo. Soy conciente de que debe ser un proceso lento y progresivo, pero me gustaría poder ver en el mediano plazo algo de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba tendente a un final levantamiento del embargo, que sinceramente ya no tiene sentido en un mundo en donde la segunda (o primera) potencia económica mundial es tan comunista y tan violadora de los Derechos Humanos como La Havana.
  5. Migración. La política migratoria de los Estados Unidos no puede consistir simplemente en construir un muro y pretender deportar a todos los inmigrantes ilegales del país. Un curso de acción semejante simplemente no es realista. La posición de Estados Unidos debe variar hacia la regularización de los inmigrantes, lo que no necesariamente significa una amnistía general, pero sí significa una política respetuosa de la dignidad y derechos del migrante, que debe partir por el retiro total del vergonzoso muro fronterizo construido por Bush.
  6. Comunicación. Aumentar la frecuencia con que ambos bloques se reunen es vital. Las cumbres de las américas no pueden seguir ocurriendo cada 3 ó 4 años.

Estados Unidos se encuentra en una campaña agresiva por mejorar su imagen no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel global; movidas como la designación de Harold Koh como Asesor del Departamento de Estado y las recientes visitas de Obama a Europa y Turquía son una clara muestra de ello. Este es por lo tanto el momento ideal para relanzar las relaciones hemisféricas hacia un nuevo camino de entendimiento mutuo, en donde la coordinación y cooperación, apoyadas en el incremento del poder relativo de Brasilia, puedan hacer surgir una relación más igualitaria y de persecución de metas comunes, para así poder finalmente dejar caer el garrote que por tanto tiempo ha dirigido las relaciones entre ambos bloques.    

UPDATE: Este artículo habla de la Cumbre y la posibilidad de nuevos anuncios en la política hemisférica.

Alonso Gurmendi
Foto:  Agência Brasil


Lanzamiento

abril 3, 2009

Bienvenidos a Política, Diplomacia y Desarrollo, un blog conformado por profesionales y estudiantes universitarios, cuyo único fin es difundir la discusión académica de temas relacionados a la actualidad nacional e internacional, con particular énfasis en temas relacionados a relaciones internacionales, política internacional, integración, comercio, seguridad y políticas de desarrollo.

El principio fundamental del blog es la libertad de expresión y de discusión. Buscamos fomentar el conocimiento de estos temas desde una perspectiva estrictamente académica.  Nuestro propósito institucional es que tanto nosotros como autores, así como todos nuestros lectores (en especial los que se conviertan en nuestros más acérrimos críticos), podamos expresar nuestras ideas y opiniones en un clima de absoluta libertad. Para ello, nos esforzaremos en mantener el blog actualizado, publicando nuevas entradas con regularidad, que sirvan de base para fomentar el debate, y mantendremos siempre abiertos los canales de comunicación con nuestros potenciales lectores y detractores.

Quisiéramos enfatizar que con este blog simplemente buscamos tener una ventana para dar nuestra opinión. Muchas veces nuestro conocimiento técnico de los temas que discutimos estará limitado por lo que nuestra propia curiosidad intelectual nos haya permitido adquirir. La experiencia del blog para nosotros es tanto de aprendizaje como de opinión. Si nos topamos con alguien que crítica nuestros planteamientos porque simplemente sabe más que nosotros, bienvenido sea. Así que adelante si tienen una crítica objetiva y válida que hacer.

Las opiniones emitidas en este blog son enteramente personales, salvo en aquellos casos en donde, por un milagro sobrenatural irrepetible, todos estemos de acuerdo y expresemos nuestra opinión en forma colegiada. Somos un grupo totalmente independiente, y no tenemos ningún vínculo de pertenencia frente a ningún otro ente académico. Cualquier opinión vertida en el blog le corresponde exclusivamente a sus autores.

Como parte del lanzamiento de este blog, hemos publicado cada uno una entrada planteando nuestra posición sobre el mundo intentando explicar cada uno como vemos la realidad que nos rodea. Asimismo, incluimos el primer post de esta semana, relativo a politicas de seguridad nacional.

Somos respetuosos de la Ley, por más que en muchos casos no estemos de acuerdo con ella (como podrán descubrir con el paso del tiempo). Por ende, agradeceríamos que todos nuestros visitantes observen el mismo cuidado por las normas de propiedad intelectual y copyright que el que observamos nosotros.

Para cualquier queja, sugerencia, comentario o consulta pueden contactar a los autores a la dirección de correo ipddmail@gmail.com o dejarnos un comentario en la seccion Quienes Somos.  

Los Autores


Política de defensa nacional y gasto militar en el Perú

abril 3, 2009

Al interior de nuestro centro de discusión, se ha abierto el debate de donde podríamos sacar el dinero para costear los gastos de un potencial rearme de nuestras Fuerzas Armadas. La idea, como he explicado previamente, es poner al país en condiciones apropiadas para un eventual conflicto, y darle suficiente deterrence militar para tener mayor peso en cualquier tipo de negociación diplomática donde se discutan temas directa o indirectamente relacionados con la soberanía nacional.

La premisa de la estrategia de defensa militar que sugiero está basada sobre lo que hemos llegado a conocer todos como la Doctrina Cross (bromas aparte – de alguna manera hay que denominarla, ¿no?). La Doctrina Cross establece básicamente lo siguiente: La seguridad interna del país no debe y no puede considerar como un fundamento la capacidad de su diplomacia para influenciar en otros países, a fin de evitar un atentado contra la soberanía del país. La capacidad de influencia de Torre Tagle debe ser considerada solo como una variable y no como un fundamento en si – y esa variable debe calcularse siempre por debajo de los límites razonables de beneficio que esperamos obtener de ella – Es decir, la doctrina defensiva del Perú debe concebirse sobre la base de que Torre Tagle va a fallar en los objetivos que se ha propuesto, y considerando todo logro que Torre Tagle pueda tener como un plus y no como una condición a la aproximación propia.

En dicho sentido, hay dos cosas que hay que tener en cuenta: una, que, en mi opinión, para lograr esto, se necesita: (i) incrementar el gasto militar anual, para lo cual es necesario incrementar el compromiso presupuestario con el sector defensa; y (ii) configurar un plan de rearme y repotenciamiento, implementado a través de compra de nuevo armamento para las tres armas, así como de pertrechos, municiones, y gastos en conversión de armamento, entre otros. Estos son gastos puntuales que deben realizarse en los siguientes tres a cinco años, mediante licitaciones y otros mecanismos legales. Este mini-articulo se concentrara solo en el punto (i) anterior – es decir, en como incrementar el gasto militar anual y consecuentemente el prespuesto del sector defensa.

Con relación a los argumentos previamente expuesto por mi co-relator Luis Medina, si algo en lo que concedo que tiene razón es en que los gastos militares crecen a un ritmo exponencial: cambiar de matriz tecnológica es carísimo, y los costos de mantenimiento y operación se van al cielo con armamento nuevo, fuera del costo de adiestramiento de personal. En ese sentido, es necesario un compromiso presupuestario permanente del Estado de incrementar el gasto anual hasta alcanzar 2,2% del PBI en, digamos, 3 años, y luego dejarlo ahí (en estos momentos estamos en 1,5% – Chile está en 3,3%, y Ecuador en 2,1% – estos son dos países con los que hemos tenidos conflictos diplomáticos, y con Ecuador incluso militares, por temas de soberanía y fronteras en las últimas dos décadas). En términos de presupuesto fiscal, esto involucra aumentar nuestro volátil porcentaje del Presupuesto Nacional asignado para Defensa, y sobre todo, dejarlo estable. Si quieren una prueba contundente de que el Perú no tiene una estrategia de gasto militar y de defensa, revisen esta gráfica:

Variaciones presupuestales del 30% en un año (de 7% a 10% y viceversa)… ¡es absurdo! Muestra una completa falta de planificación del gasto militar. Sin un gasto planificado, los costos militares se duplicarán – es diferente tener un acuerdo para compra de pertrechos militares a cinco años que se mantega estable, que estar contratando con un proveedor, cancelándole el contrato por temas presupuestales al año siguiente, para volverlo a buscar un año después… ¡no tiene sentido! Solo tira arriba los costos administrativos (mas licitaciones, mas upfront payments, mayor costo financiero en línea de crédito para adquirir pertrechos…). No solo eso, es nocivo para el personal castrense – ¿cómo podemos esperar que nuestros oficiales arriesguen su vida si no saben cuanto les va a tocar de pensión cuando se jubilen el próximo año? ¿Cómo le pedimos a la Escuela de Suboficiales que gaste en materiales de estudio, profesores, mantenimiento o instalación de equipamiento si saben que, de la nada, pueden cortarles el presupuesto en 30% el próximo año?

En comparación, miremos a Chile

Esta claro que en Chile existe un compromiso institucional de respaldo presupuestario a las FFAA y de Seguridad. Por eso pueden plantear ejercicios conjuntos en la frontera, adquirir material mas avanzado a un costo financiero menor…. Por eso, en un conflicto, ellos podrán adquirir mayores créditos para petróleo, pertrechos y armamento, y nosotros no (igual que en la Guerra del Pacifico). La Defensa, como en cualquier otra cosa, es una cuestión de planificación. Se hace un escándalo por que Chile compra aviones caza – Chile acordó la renovación de su armamento aéreo en 1990, y lo planificó a tres décadas en el Proyecto caza2000. Hace dos décadas, los militares chilenos sabían cuanto respaldo iban a tener del gobierno para renovar el armamento hoy. No tengo que explicarles que nuestras FFAA no gozan del mismo respaldo.

Ahora, en lo que respecta a este rubro (es decir, el gasto presupuestario anual), se dice que “es imposible cometer más dinero sin arriesgar la economía” y que “no podemos equiparar los gastos de Chile”. El primer enunciado es falso – el segundo es solo parcialmente verdadero. Elaboremos más en ambos puntos.

Sobre el primer enunciado, basta con decir que el Estado ni siquiera ha sido capaz de reflejar de forma proporcional en el presupuesto de defensa el superávit comercial y su impacto en el Presupuesto de la República.

Miren las siguientes cifras:

Presupuesto Nacional  2007 (S/.) 61,626,985,652.00
Presupuesto Nacional  2008 (S/.) 71,049,786,794.00
% Variacion:  15.29% 
Presupuesto asignado a Defensa 2007  (S/.)  3,824,770,379.00
Porcentaje representativo del P. Nacional (S/.) 6.21
Prespuesuto asinado a Defensa 2008 (S/.) 4,158,226,873.00
Porcentaje representativo del P. Nacional (S/.) 5.85
% Variacion:  8.72 

Es decir, si bien el Presupuesto de la República para el 2008 aumentó en 15.29% en comparación con el establecido para el 2007, el aumento reflejado en Defensa solo fue de 8.72% – es decir, el Estado “ahorró” en Defensa para invertir en otros sectores. Si se hubiese mantenido el mismo nivel de asignaciones presupuestales, a defensa le hubiera tocado 248 millones de Dólares más. ¿Guarda esto sentido? ¿Sobretodo con una economía en ebullición? Es absurdo.

Una primera mirada al Presupuesto destinado para el 2009, sin embargo podría darnos ciertas razones para decir que si existe una intención clara de aumentar el gasto:

Presupuesto Nacional 2008 (S/.) 71,049,786,794.00
Presupuesto Nacional 2009 (S/.) 72,358,497,884.00
%Variación 1.84
Presupuesto asignado a Defensa 2008 (S/.) 4,158,226,873.00
Porcentaje representativo del P. Nacional 2009 (S/.) 5.85 
Prespuesto asignado a defensa 2009 (S/). 4,517,473,478.00
Porcentaje representativo del P. Nacional 2009 (S/.) 6.24  
% Variación: 8.64 

Ahora bien, esto es engañoso – por dos razones: (i) porque 700 millones de soles de ese presupuesto han sido destinados a una reserva presupuestaria en una cuenta que el MEF solo transferirá a Defensa “en caso de emergencia” – es decir, pretenden que 700 millones de soles sería la “gran solución” a un conflicto armado…; (ii) existe un considerable incremento presupuestario en lo que es planillas de Defensa debido a que el año pasado se modificó la Ley del Servicio Militar, y se incrementó la llamada “propina” de los reclutas de 112 soles al mes a 350 soles al mes. Ahora bien, si con esto no queda claro que hay una falta de planificación en el gasto militar, y que si hay dinero y presupuesto para hacerlo de una forma mas comprometida, sugiero que revisemos la llamada Ley del Cobre Chilena. No quiero explayarme en esto, además, ya lo hemos discutido. Aquellos que no conozcan los alcances de la llamada Ley del Cobre, hagan click aquí

La idea es que nosotros, en lugar de tanto chillar, deberíamos buscar un mecanismo para imitar la idea. Es bien sabido que los Gobiernos Regionales no son capaces de invertir los ingresos por canon eficientemente – es mas, las barreras burocráticas son tales que en muchos casos ni siquiera invierten el presupuesto. Esto se debe a que, en muchos casos (los ingresos por el gas de camisea, por ejemplo), los receptores de los fondos simplemente no están en capacidad de gastar el dinero asignado. En ese sentido – ¿no sería mucho mas útil transferir al menos parte de ese dinero a defensa? En todo caso, en lugar de dejar la cuenta congelada, ¿no sería mas útil depositar esos fondos en un fideicomiso, y darle los ingresos por rentabilidad a defensa? ¿O buscar otro mecanismo financiero similar? Hay muchas opciones que se pueden explorar y que, por falta de voluntad política, no se exploran. Esto es un riesgo para el país, y para la población en general.

Respecto a que no podemos equiparar los gastos de Chile, esto es solo parcialmente cierto. En efecto, no podemos equiparar su gasto neto corriente de un golpe, porque (i) su presupuesto nacional es mayor, (ii) tienen la Ley del Cobre y (iii) no están tan obsesionados como nosotros con tener un superávit fiscal encima del 2% del PBI, y se arriesgan mas a presupuestar fuerte. Además, no tenemos ni la estructura salarial, ni el nivel de captación de recursos humanos, ni mucho la capacidad operativa institucional para manejar los recursos que manejan las FFAA chilenas.

Sin embargo, si podemos aprovechar ciertos factores que juegan a nuestro favor a la hora de empatar la ecuación. Por ejemplo, al tener una población mayor, nuestra capacidad de llamar reservas es mayor – eso significa que nuestro nivel de conscripción puede ser mayor (ese argumento es difícil de explicar, porque es de una naturaleza militar bastante técnica, but trust me, es una ventaja). Nuestra economía, además, va a un ritmo de crecimiento mayor que la de ellos, por lo que podemos apropiarnos de una tajada mayor para ir reduciendo la brecha a largo plazo. Otro argumento también técnico es que el costeo de armamento a Chile le sale mas caro porque su matriz militar y sus proveedores son de tecnología gringa y europea – que es mas cara y mas compleja. Además, son países mas quisquillosos para ofrecer asesoría técnica militar. Nuestro armamento, por otro lado, es Ruso. Es mas barato, mas accesible, y la operación es mas sencilla. Además de que Rusia en estos momentos esta oficialmente emprendido en rearmarse .

Que significa eso? Que hace una potencia cuando compra armamento nuevo? Muy simple: se deshace del viejo – lo vende al mayoreo para reducir sus costos de operación y mantenimiento, y hacer lugar para lo nuevo – es mas, para poder ahorrarse esos costos de inmediato, te tiran el precio de lo que te venden al piso, siempre y cuando estes dispuesto a llevarte lo que compres en el primer barco que salga. Esa es una oportunidad de oro para comprar aviones, tanques, pertrechos y otros similares. Además, como Rusia esta interesada, como parte de su plan de rearme, en entrenar a su personal técnico, vendría feliz a hacernos mantenimiento y conversión al nuestro – porque estará entrenando a su personal al mismo tiempo! Con estos mecanismos, podemos reducir significativamente la brecha de gasto entre Chile y nosotros, asi como la efectividad de ese gasto.

En un futuro “mini-articulo” hablare de los gastos corrientes que hay que hacer en relación a la adquisición puntual de armamento.

Ronald Cross