La Presidencia y la doble nacionalidad

Mi co-autor en este blog, Alonso Gurmendi, publicó ayer un artículo sobre la doble nacionalidad en los candidatos a la Presidencia de la República. En dicho artículo, señalo que hoy por hoy es totalmente legal que nuestro Presidente tenga doble nacionalidad y que un peruano no pierde su nacionalidad por el sólo hecho de adquirir la de otro país. En ambos puntos, Alonso tiene toda la razón y me suscribo a todas sus conclusiones.

Es en el tercer punto, sin embargo, donde tengo que discrepar con él. Alonso es de la opinión de que no solamente no resulta razonable impedir que las personas que mantienen una nacionalidad adicional a la Peruana postulen a la Presidencia de la República, sino que además, imponer esa prohibición implicaría una violación de los derechos políticos de dichas personas y un incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

Primero, debo aclarar que, desde mi punto de vista, aprobar una enmienda constitucional indicando que cualquier ciudadano peruano que ostente otra nacionalidad adicional a la peruana al momento de resultar elegido Presidente de la República deberá hacer efectiva su renuncia a esta antes de prestar juramento, no implicaría ninguna violación de los derechos de dicho ciudadano, ni un incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como Alonso menciona.

Los derechos civiles y políticos son universales a todo ciudadano, sin duda. Sin embargo, esta universalidad no implica que los mismos no estén sujetos a ciertas regulaciones. El punto está en que dichas regulaciones no impidan totalmente la capacidad del sujeto de ejercer las mismas y que sea razonablemente posible para el voluntariamente cumplir con las mismas.

Es perfectamente posible para cualquier persona completar los trámites de la renuncia a su segunda nacionalidad antes de acceder al despacho presidencial. Nótese que renunciar a una nacionalidad en este supuesto sería un acto voluntario. No existiría coerción de ningún tipo. El requisito ni siquiera se estaría aplicando para todos los candidatos, únicamente para aquel que resulte electo.

Tampoco implicaría una violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Recordemos que nuestra constitución ya establece que sólo los peruanos de nacimiento pueden postular a la Presidencia de la República. También señala que sólo pueden postular a la Presidencia de la República aquellas personas que ya hayan cumplido 35 años. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos. Bajo la lógica de Alonso, ¿Eso constituiría una violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pues resultaría en discriminación por origen nacional o por nacimiento? ¿Convierte a los ciudadanos naturalizados o menores de 35 años en ciudadanos de segunda categoría? Por supuesto que no. Como el mismo artículo 25 del Pacto implícitamente señala, existen ciertas restricciones regulatorias naturales a estos derechos. Tanto el Perú como Estados Unidos han ratificado el Pacto y sin embargo nunca nadie ha señalado que la disposición que prohíbe a los ciudadanos naturalizados o menores de 35 años postular a la Presidencia viole dicho Pacto.

Ahora, para culminar con los aspectos legales de esta medida, tengo que aclarar que, en mi opinión, dicha restricción debería ser necesariamente incorporada a la Constitución por enmienda constitucional y, de preferencia, referéndum. Fuimos los peruanos con nuestros votos los que, directamente, fijamos cuáles eran los requisitos para que alguien pudiera asumir la jefatura de nuestro Estado. Si queremos variar esos requisitos, los mismos peruanos somos quienes debemos hacerlo.

Dejando clara mi posición sobre la legalidad de una reforma de ese tipo, queda discutir las objeciones prácticas presentadas por Alonso a la misma.

En primer lugar, hay que indicar que en un país presidencialista como el Perú, la jefatura de estado involucra ciertas atribuciones de importancia estratégica y tiene una influencia tan grande, que no es poco razonable exigir que su ocupante cumpla con requisitos más exigentes que los fijados para otros funcionarios del gobierno. Para empezar, decide, legalmente por sí sólo, la política económica y social de la nación. Además, es la cabeza de las fuerzas armadas y responsable máximo por la defensa nacional: toda la seguridad de la nación está bajo su exclusiva responsabilidad. Ningún otro funcionario electo puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas. Más allá de eso, constitucionalmente, encarna y representa al Estado y a todos los peruanos. Ninguna otra función pública tiene estas atribuciones.

Alonso trata de hacer una comparación con los cargos de congresista y de ministro, pero dicha comparación no es realista. Un congresista, para empezar, no puede, por sí solo, orientar la política de un país ni tomar ninguna decisión que influya en el accionar del Estado. El poder de un solo congresista, aislado del resto del cuerpo legislativo es, en realidad, bastante limitado. Quien tiene poder es el Congreso como cuerpo legislativo, y ese poder se diluye muchísimo si queremos expresarlo individualmente entre sus – a partir de julio – 130 miembros. Los ministros, por otro lado, ni siquiera son funcionarios electos y no ejercen ninguna atribución por sí mismos. Como bien apuntó el ex Presidente Toledo el fin de semana, nosotros tenemos un sistema presidencialista, donde los Ministros legalmente son más que nada grandes coordinadores, cuyo poder emana de la Presidencia y cuya responsabilidad es ante la Presidencia y nada más. Un Ministro es simplemente un secretario muy importante. En realidad, instituciones políticas como la interpelación a cargo del Congreso no son compatibles con nuestro sistema y existen más por una cuestión de desconfianza pública que por coherencia sistémica. La responsabilidad ante el pueblo (y por ende ante el Congreso) debería ser exclusiva del Presidente.

Es en ese mismo contexto de desconfianza pública en que resulta completamente razonable solicitar a cualquier ciudadano que haya sido elegido Presidente de la República que renuncie a sus otras nacionalidades antes de asumir el cargo. La experiencia nos enseña en este país que tener doble nacionalidad puede otorgarle al presidente una conveniente cláusula de escape cuando llegue el control posterior que es natural en todo cambio de gobierno. Existe un claro riesgo de que dicha persona pueda refugiarse en una protección política de su otro Estado para evitar responder a los cuestionamientos que el gobierno quiera hacerle.

No solamente eso, implica que este podría potencialmente ser elegido a un puesto en el gobierno de otro país en el futuro, obteniendo ya no sólo una protección política, sino legal, a través de la inmunidad, a cualquier intento de procesarlo o siquiera investigarlo apropiadamente por lo acontecido en su gobierno.

La solución que Alonso propone a este problema es, para ser franco, algo cachosa. Ya pues Alonso, tu sabes tan bien como cualquier persona que es sencillamente imposible para cualquier votante común tener la plena certeza de que su candidato nunca va a romper la ley. Pretender que es el pueblo mismo el que debe asumir toda la culpa y toda la responsabilidad por elegir a una persona que luego viole las leyes mientras este en el cargo no solamente es injusto, es irracional. El que elijamos a las personas que consideremos más adeptas no significa estirarles un cheque en blanco de confianza para que hagan lo que quieran sin tener que responder por ello. Todo gobernante debe estar sujeto a leyes y al control de las mismas – de eso se trata el Estado de Derecho. Con ese argumento, mejor cerramos la contraloría general de la república o anulamos el rol fiscalizador del Congreso. Eso es reducir la democracia a la mera elección de un Dictador.

El poder corrompe. Es una realidad política en cualquier país. Y es palpablemente más grave en el nuestro: recordemos que en la única área del desarrollo que Perú no ha crecido en esta década es en la lucha contra la corrupción. Seguimos teniendo un alto índice de corrupción, como lo señala Transparencia Internacional. Chile tiene un promedio más de dos veces mayor que el nuestro.

El argumento de Alonso sobre la potencial preferencia que una persona pueda mostrar hacia elementos de su propia religión, el país de sus ascendientes o su cónyuge no se entiende bien. El punto es justamente que esos escenarios son posibles. Por eso hay leyes de fiscalización y control que lo impiden. El pedir que alguien renuncie a sus otras nacionalidades antes de asumir la Presidencia tiene justamente el propósito de impedir que una persona pueda escapar de la ley en caso cometa ilegalidades relacionadas con todos estos puntos.

Respecto de que todos tenemos doble nacionalidad en potencia, eso también es sumamente cuestionable en la práctica. Es verdad que el Preámbulo del Convenio con España suena muy bonito. Pero es justamente eso: un preámbulo. Nuestro himno nacional dice que “excitemos los celos de España” y que sus playas “sentirán terror ante nuestros cañones”. ¿Eso nos hace “enemigos en potencia” de España? La realidad es muy diferente a lo que dice ese preámbulo: siguen existiendo una larga y compleja serie de requisitos para que un peruano se nacionalice español. Alonso haría bien en preguntarle a la larga lista de inmigrantes ilegales peruanos en España que tan cierto es eso de que en España “no somos extranjeros”. Demás está decir que dicho Convenio no pone en riesgo alguno la legalidad de la reforma mencionada.

Luego está el argumento de que la experiencia comparada sobre estas prohibiciones prueba que las mismas traen muchos problemas. Este es un argumento algo falaz: justamente, donde una ley de este tipo se aplique sin problemas, no va haber mayor feedback sobre la misma. Nadie se queja por algo que si funciona.

Alonso cita el ejemplo de Ghana, pero no hace mención de Australia, China, Japón, India y una considerable lista de otros países, donde esa prohibición si existe y donde, curiosamente, ningún ex presidente ha ido a refugiarse a otro país para postular al Parlamento. Y en ninguno de esos países la gente se está quejando tampoco. Y si, John Turner fue británico y canadiense a la vez, dos países que comparten el mismo jefe de estado, que mantenían una política exterior común hasta hace menos de un siglo y en los que hasta el día de hoy las leyes de uno tienen vigencia en el otro. Alonso mejor que nadie sabe que el mundo westminsteriano es un planeta diferente al Perú. No es una comparación razonable en forma alguna.

Además, no podemos dejar de ignorar que la cuestión es de una naturaleza muy contextual. La ley, por naturaleza, es reactiva. Mas que prever el futuro, aprende del pasado. Nosotros somos uno de los poquísimos países que han elegido como gobernante a alguien con doble nacionalidad. Y de los pocos países que como nosotros han optado por alguien con doble nacionalidad como gobernante, ninguno de ellos ha visto a su gobernante refugiarse en su otra nacionalidad para huir de la justicia. Es razonable que en la gran mayoría de países, entonces, no exista norma con respecto a este supuesto.

Ahora, yo entiendo perfectamente – y comparto – que Alonso defienda el derecho de cualquier peruano a sentir vínculos de identidad con otro país sin que se le acuse de antipatriota. Mi familia paterna es más británica que peruana y le tengo mucho aprecio al Reino Unido. Me el himno británico de memoria, leo el Guardian todos los días, prefiero la BBC a la CNN y tomo mi té con leche. Además, hincho por Inglaterra en los mundiales (sólo porque no va Perú, ojo) y en la Eurocopa y soy un orgulloso hincha del Liverpool que canta Youll Never Walk Alone, mientras que al futbol local peruano no le presta la menor atención. ¿Eso me hace menos peruano? Por supuesto que no. El Perú es MI país. Yo SOY peruano. Ningún país nunca significará para mí lo que el Perú significa.

También funciona a la inversa: hoy en día en el exterior hay millones de hijos de peruanos que en algunos casos ni siquiera hablan español y sin embargo sienten un enorme orgullo por sus orígenes. Muchos de ellos honran a nuestro país día a día, enarbolando nuestros colores cuando logran hazañas y profesando que, aunque son legalmente extranjeros y ante todo ciudadanos de su país, el nuestro significa mucho para ellos. Allí están el astronauta Carlos Noriega y nuestro héroe de la aviación, Jorge Chavez, por poner un par de ejemplos.

Pero ninguno de ellos tiene un pasaporte peruano. No hay necesidad de ello. Al final del día, son extranjeros. Y no necesitan un pasaporte peruano para sentir cariño e identificación con nuestro país.

Entonces, ¿por qué no puede funcionar a la inversa? Yo no tengo ningún problema en que PPK tenga aprecio y se sienta agradecido con Estados Unidos. ¿Pero acaso necesita un pasaporte para ello?

Por supuesto que no. El, al igual que los otros miles de peruanos con nacionalidad alternativa, tiene un pasaporte extra por pura y simple conveniencia. Porque le otorga un refugio más estable que el Perú en caso de algún problema serio y porque les evita el engorro de tener que tramitar visas para estudiar o hacer turismo. Es así de simple. Y no está mal, en absoluto. Pero para el caso en mención, seamos francos, después de salir elegido presidente de un país, ¿realmente cree alguien que una persona va a tener problemas para sacar visa?

Estamos pidiendo poco para ganar mucho. Negarse a ello, con justicia, solo generaría suspicacia, como dice Alejandro Toledo. En ese sentido, es un alivio que mi candidato, PPK, esté de acuerdo con ello.

2 respuestas a La Presidencia y la doble nacionalidad

  1. […] y Doble Nacionalidad – Más Respuestas El contra-argumento principal de Ronald es que la exclusión de los dobles nacionales de la Presidencia no se justifica en el hecho de que […]

  2. […] ayer un artículo sobre la doble nacionalidad en l (No Ratings Yet)  Loading … Autor:https://ipdd.wordpress.com/2011/03/23/la-presidencia-y-la-doble-nacionalidad/ Tagged with: doble • nacionalidad • Presidencia  Puedes promocionar tu articulo […]

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