Estados Unidos, el 11 de septiembre y las lecciones de los últimos 10 años

* Publicado simultáneamente en Enfoque Derecho

Hoy, hace diez años, terroristas de al-Qaeda llevaron a cabo el atentado más devastador en la historia de Estados Unidos, secuestrando simultáneamente cuatro aviones y causando la muerte de casi tres mil personas en un terrible ataque suicida a las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington DC.

Desde esa fecha en adelante, el 11 de septiembre no sólo ha quedado marcado en la historia colectiva de la humanidad, sino que sus consecuencias e implicancias han dejado tal huella en los diez años posteriores que es difícil leer las páginas de la historia mundial reciente sin poder unirlas de una u otra forma a aquél fatídico día. La realidad de la primera década del mundo del nuevo milenio es, en buena medida, una realidad “post-11/9”.

En efecto, pocos en el mundo “pre 11/9” podrían haber predicho el camino que recorrería el mundo del Nuevo Milenio. Colapsada la Unión Soviética, el mundo había pasado a ordenarse de forma unipolar, en donde Estados Unidos se posicionaría como el Sheriff del mundo.  

Y es que ya para finales del Siglo XX, la posición de Estados Unidos en la política mundial era tan sólida y estable que era difícil pensar que existieran situaciones que pudieran escapar a su control.

Pero el 11/9 cambió esa percepción de invencibilidad. A poco más de una década de coronarse como hegemón del mundo, Estados Unidos se mostró más vulnerable que nunca, herido duramente por un grupo de dementes que lograron causar en una mañana más daño al territorio continental estadounidense que lo que Hitler, Mussolini e Hiroito pudieron lograr en 5 años de Guerra Mundial.

Enfrentado a este ataque, Estados Unidos demandó la colaboración de Afganistán para entregar a los responsables del mismo. Ante su negativa, Estados Unidos ejercitó su derecho a la legítima defensa, reconocido por el Consejo de Seguridad en la Resolución 1373 (2001), e invadió Afganistán.

Sin embargo, y a pesar de la legalidad de la operación estadounidense en Afganistán, por algún motivo, Estados Unidos decidió iniciar en paralelo lo que denominó una “Guerra contra el Terrorismo”. Esta “guerra”, sin embargo, no sería una mera guerra retórica como podía ser la “Guerra contra las Drogas, sino que sería asumida por Washington como un conflicto armado, en el sentido legal de la palabra.  

La reacción inmediata a esta afirmación fue, sin lugar a dudas, incertidumbre. Después de todo, en Derecho Internacional, las “guerras”, o –en términos técnicos- los conflictos armados internacionales (CAI), son enfrentamientos armados que se desenvuelven exclusivamente entre Estados y tienen una serie de reglas (codificadas en las Convenciones de Ginebra) que no eran de fácil adaptación a la Guerra contra el Terrorismo. Más bien, el Derecho Internacional señala que cuando un Estado se enfrenta a un ente no estatal se configura un conflicto armado no internacional (CANI) que se rige por las disposiciones del artículo común 3 de las Convenciones de Ginebra (ver aquí para más detalles sobre las diferencias entre un CAI y un CANI).

Pero, para Estados Unidos, no sólo el conflicto con al Qaeda era una guerra, sino que, debido a que al-Qaeda no era un Estado, se trataba de una guerra que no estaba regulada por las convenciones de Ginebra (algo que, por supuesto, levantó más de una ceja, incluidas las de la Corte Suprema de EE.UU.)

Con este razonamiento, Estados Unidos buscaba acomodar las normas del Derecho Internacional Humanitario a sus necesidades inmediatas: La naturaleza global del conflicto le daría libertad en relación a dónde podía actuar militarmente (básicamente, en cualquier parte del mundo), al mismo tiempo que la no aplicación de las Convenciones de Ginebra a al-Qaeda le permitía obviar una serie de requisitos procedimentales en su política de detenciones.

Pero la búsqueda de flexibilidad de Estados Unidos fue incluso más allá. Al poco tiempo, Washington introdujo la ya famosa y controversial categoría de “unlawful enemy combatants” (combatientes enemigos ilegales). Bajo ella, EE.UU. amplió el estándar para determinar quién era y quién no era un combatiente en la Guerra contra el Terrorismo (ver aquí y aquí, p. 228, para más detalles), dejando de lado los conceptos tradicionales de “participación directa en las hostilidades” y “función continua de combate”, pasando a definir como “combatiente enemigo ilegal” a todos aquellos que se hubiesen vinculado con al-Qaeda o los talibanes. El ser designados como combatientes enemigos ilegales convertía por lo tanto en objetivos militares válidos o en sujetos pasibles de detención militar a un sinnúmero de individuos que poco o nada tenían que ver con el esfuerzo terrorista de al-Qaeda (por ejemplo calificaría técnicamente como combatiente una madre afgana que envía remesas a su hijo talibán o un comerciante que le vende comida a integrantes de al-Qaeda) y que podían ser detenidos indefinidamente hasta la culminación de las hostilidades (es decir, hasta que todos los terroristas del mundo hayan sido derrotados); algo sin duda excesivo.  

Pero, en paralelo a los problemas de la “Guerra contra el Terrorismo”, y gracias a una asesoría legal que, por decir lo menos, se alejaba de los estándares internacionales, Estados Unidos procedió a implementar una política de tortura que marcaba un corte con lo que tradicionalmente había sido la posición declarada por Washington (ver aquí, párrafo 100). Y, luego, en 2003, y con una argumentación igualmente poco convincente, Estados Unidos invadió y ocupó militarmente a Irak alegando (falsamente) que pretendía usar armas de destrucción masiva contra Estados Unidos.

La pregunta es, entonces, si este resultado fue inevitable, si este era el único camino posible para luchar contra una amenaza como la que representa al-Qaeda. Y la respuesta, creo yo, es que no. Después de todo, si bien es cierto que las circunstancias generadas por el 11 de septiembre fueron extraordinarias y ameritaban una fuerte y decidida reacción de parte de Estados Unidos y el mundo entero, creo que no era necesario articular una teoría legal tan expansiva como la “Guerra contra el Terrorismo” para poder sancionar ejemplarmente a los responsables de ese y otros actos barbáricos.

Y es que si bien Estados Unidos estuvo legalmente autorizado para invadir Afganistán en aplicación de su derecho a la legítima defensa, las interpretaciones que esbozó luego no se conformaban a los hechos en el terreno. Lo que existía no era un conflicto global contra el terrorismo, sino un conflicto armado no internacional entre Estados Unidos y los terroristas de al-Qaeda radicados en Afganistán (y luego, Irak y Pakistán).

Esto significa, por lo tanto, que EE.UU. no puede tratar al mundo entero como un gran campo de batalla y que habrán determinadas situaciones en donde no podrá sustentarse en el Derecho Internacional Humanitario para llevar a cabo políticas anti-terroristas, sino que deberá usar las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y ello no porque se busque aplicar normas menos drásticas a los terroristas ni ser restrictivo con las necesidades de los Estados, sino porque en ausencia de un conflicto armado, es decir, en ausencia de una situación en donde uno es o aliado o enemigo, es necesario ofrecer protecciones adicionales a los derechos de civiles como nosotros, que no tenemos por qué caminar por la calle en riesgo de que alguien jale un gatillo antes de hacer las preguntas correctas (ver aquí pp. 196-198, aquí, y aquí para las posiciones existentes sobre este argumento), sobre todo teniendo en cuenta el amplio concepto de combatiente que EE.UU. pretende aplicar. 

Entonces, en aquellos lugares y en relación a aquellas personas no vinculadas al conflicto armado en Afganistán (o Irak, o Pakistán), los estándares deben cambiar y ya no deben basarse en términos de objetivo válido y no válido. Más bien, debe aplicarse las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea imposible actuar en contra de una persona que implique un serio riesgo a la seguridad de un país. Simplemente significa que para usar fuerza letal, deberá realizarse un test de proporcionalidad y necesidad más exigente (ver aquí pp. 53-56), a fin de (i) evitar la privación arbitraria de la vida y (ii) procurar que, si es posible detener al objetivo, se le aprese en lugar de simplemente dispararle.

Estas normas no sólo son más adecuadas al contexto en el que se aplican, sino que creo que hubiesen colaborado a que EE.UU. desarrolle la “Guerra contra el Terrorismo” sin asumir tantos costos de reputación como los que tuvo que asumir. Es más, soy de la opinión de que si Estados Unidos no hubiese pretendido aplicar normas bélicas fuera del conflicto en Afganistán, si no hubiese invadido Irak y si no hubiese tolerado actos de tortura, tal vez hoy no estaría enfrentando la complicada situación internacional que enfrenta.

Después de todo, en el ámbito económico, no es difícil concluir que el excesivo gasto militar de tener que solventar dos guerras simultáneas contribuyó al déficit fiscal que hoy tanto aterra al sector conservador estadounidense (irónicamente el sector que más apoyó la Guerra en Irak).

En el ámbito moral, el régimen de tortura durante la era Bush, seguidos del plan de “borrón y cuenta nueva” de la administración Obama, dañaron seriamente el standing de Estados Unidos como líder del mundo libre y defensor de la libertad.

Y, finalmente, en el ámbito estratégico, la Guerra de Irak causó un desequilibrio de poder en la región, pues en la práctica removió el principal freno al expansionismo iraní en el Medio Oriente, poniendo en peligro a sus aliados israelíes y saudíes. Así, sin la influencia suní de Saddam Hussein, Irán pudo crear, junto con Siria, un frente chií en la región, lo que le dio un bloque político propio (algo que antes no tenía). Es también posible que la presencia estadounidense a ambos lados de su frontera haya impulsado el deseo iraní de conseguir capacidad nuclear. Todas estas ventajas favorecieron en última instancia a grupos terroristas como Hamás -aliados de Teherán- para detrimento de los intereses estadounidenses en la solución del conflicto Árabe-Israelí. Todo esto sin mencionar que el hecho de tener que comprometer grandes cantidades de tropas en Afganistán e Irak limitaron la capacidad de respuesta de Estados Unidos frente a otras amenazas, lo que le quitó credibilidad a la antes popular idea de que si uno incumplía las reglas de la “Pax Americana”, Washington sería raudo en castigar la trasgresión a través de su absoluta superioridad militar.

Hoy el mundo que habitamos está cada vez más tendiente hacia el multipolarismo: En 2008, Rusia invadió Georgia sin mayores consecuencias y hace no mucho, América Latina, el “patio trasero” de Washington, decidió reconocer al Estado Palestino en claro desafío a los deseos de Estados Unidos.

Tal vez, sólo tal vez, un curso de acción diferente, sustentado en la correcta aplicación de las normas internacionales, hubiese podido guiar a Estados Unidos a un mejor presente, con iguales o equiparables resultados en el necesario y justo combate contra la plaga del terrorismo internacional. 

Alonso Gurmendi

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